La Asociación de Centros de Ski de Chile (ACESKI) llamó al Gobierno a revisar los protocolos que determinan el cierre de caminos como la Ruta G-21 y el Paso Los Libertadores.
El organismo que reúne a los centros de ski del país manifestó su preocupación por los reiterados cierres preventivos de caminos de acceso a los centros de montaña durante la temporada invernal y llamó a las autoridades a revisar los criterios actualmente utilizados para determinar estas restricciones.
El gremio apuntó particularmente a situaciones registradas en la Ruta G-21, principal acceso a los centros de montaña de la Región Metropolitana, y en el Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Chile con Argentina a través de la Región de Valparaíso.
ACESKI reconoció que la seguridad de las personas debe constituir la principal consideración frente a episodios meteorológicos complejos, pero planteó que es necesario buscar un mejor equilibrio entre la prevención de riesgos y el funcionamiento de una actividad cuya temporada depende precisamente de las nevadas: “Chile debe aprender a convivir con la nieve y no a paralizarse por ella”, señaló la asociación en una declaración pública.
Uno de los argumentos centrales del gremio es la reducida extensión de la temporada de nieve en el país. Según ACESKI, la actividad se desarrolla en promedio durante 90 a 100 días al año, por lo que cada jornada en que un centro no puede recibir visitantes representa una proporción significativa de sus ingresos anuales.
La organización utilizó como ejemplo la situación de Portillo, cuyo camino de acceso, según la asociación, ha permanecido cerrado durante 23 días esta temporada, pese a que durante parte de ese período las condiciones de la vía habrían permitido el tránsito.
De acuerdo con el gremio, esa situación equivale a comprometer cerca de una cuarta parte de la temporada de uno de los destinos de nieve más conocidos del país.
ACESKI planteó que el impacto de este tipo de medidas debe analizarse no solo desde el punto de vista de los centros de ski, sino también considerando a hoteles, restaurantes, transportistas, comercios, escuelas de ski y otras empresas que dependen de la actividad invernal.
La asociación estima que más de 18.000 familias dependen directa o indirectamente de la industria de la nieve y la montaña en Chile. También calcula que el sector genera un impacto económico superior a US$280 millones anuales, considerando la actividad de los centros de ski y los servicios asociados en distintos destinos cordilleranos.
Las cifras fueron entregadas por ACESKI como parte de su argumentación y reflejan la estimación del propio gremio sobre la importancia económica de la actividad.
La preocupación se extiende además al turismo receptivo. Durante el invierno, los destinos de nieve chilenos reciben viajeros provenientes principalmente de mercados regionales como Brasil, Argentina, Perú y Uruguay, además de turistas de Estados Unidos y otros países.
Según la asociación, algunos visitantes llegan a Chile después de planificar sus vacaciones con meses de anticipación y se encuentran con los accesos cerrados, lo que puede afectar tanto su experiencia de viaje como la imagen internacional del destino.
ACESKI insistió en que su propuesta no busca contraponer seguridad y actividad económica. En cambio, plantea avanzar hacia un modelo que permita mantener los caminos operativos siempre que las condiciones técnicas lo permitan, recurriendo a cierres totales únicamente cuando el nivel de riesgo lo haga indispensable.
Entre las medidas sugeridas por el gremio figuran el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y de las rutas, sistemas de información en tiempo real, exigencia de cadenas u otro equipamiento invernal, restricciones graduales de circulación y una mayor coordinación entre autoridades y operadores de montaña.
También plantea la necesidad de reforzar la disponibilidad de personal y maquinaria para enfrentar nevadas, despejar rutas y reaccionar con mayor rapidez frente a los cambios de condiciones.
Como parte de su planteamiento, ACESKI solicitó al Gobierno constituir una mesa permanente de trabajo integrada por autoridades, organismos técnicos y representantes de la industria.
El objetivo sería revisar los protocolos vigentes para los caminos cordilleranos y avanzar hacia una Política Nacional de Gestión de la Montaña, que contemple tanto las exigencias de seguridad como las necesidades de conectividad de los territorios y destinos turísticos.