Con más de 125 mil visitantes por temporada, la actividad sigue en alza mientras operadores y científicos llaman a establecer normas estrictas. Punta Arenas se mantiene como puerta de entrada al continente blanco.
El turismo en la Antártida alcanzó un nuevo récord con más de 125.000 visitantes en la temporada 2024-2025, más del doble que hace cinco años. Sin embargo, este crecimiento exponencial preocupa a expertos y operadores, ya que no existe aún una regulación integral y vinculante que limite su impacto ambiental en uno de los ecosistemas más frágiles del planeta.
Según reportó la agencia EFE, actualmente el turismo en el continente blanco es autogestionado por los propios operadores y regulado mediante recomendaciones no obligatorias bajo el Tratado Antártico, vigente desde 1961 y firmado por 58 países. La mayoría de estas directrices, sin embargo, no tienen efecto legal inmediato, ya que deben ser ratificadas por los marcos normativos nacionales.
“La gran amenaza es que el turismo sigue creciendo sin un sistema de gestión integral”, advirtió en declaraciones a la agencia Claire Christian, directora de la ONG Coalición Antártica y del Océano Austral (ASOC). Agregó que si se quiere que esta actividad continúe siendo considerada legítima, “debe ser mejor regulada”.
En Punta Arenas, principal punto de embarque hacia la península antártica, se concentra buena parte de la logística turística. Allí, el guía Santiago Imberti resume el problema: “Hoy el control es que todos nos miramos entre nosotros; no hay una policía en la Antártica”.
Actualmente, alrededor de 80 buques turísticos navegan por aguas antárticas cada temporada, con capacidad para entre 12 y 3.150 pasajeros, en su mayoría provenientes de Estados Unidos. Solo los barcos con menos de 500 personas pueden desembarcar en ciertos puntos, bajo un esquema recomendado por la Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos (IAATO), a la que se adhieren voluntariamente muchas empresas.
Si bien varias expediciones promueven un “turismo de reflexión”, con fines educativos y científicos, estudios recientes advierten que esta actividad altera la fauna local, facilita la introducción de especies invasoras y contribuye a la contaminación y el derretimiento de los glaciares.
En 2023, los países firmantes del Tratado Antártico acordaron avanzar hacia una normativa unitaria y obligatoria, pero su concreción se ve dificultada por las diferencias políticas y económicas entre los Estados miembros. Chantal Lazen, investigadora del Programa de Estudios Antárticos de la Universidad de Chile, remarcó que “es una buena noticia que se esté discutiendo, pero ahora necesitamos que realmente actúen”.