Asociaciones del sector piden mayor diálogo territorial y reglas claras para compatibilizar turismo y conservación en la implementación de la Ley SBAP
Representantes del sector turístico de la Región de Magallanes manifestaron su preocupación ante la incertidumbre generada por el proceso de implementación de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). A través de un comunicado conjunto, las asociaciones HYST (Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine), AustroChile y CATUE (Cámara de Turismo de Última Esperanza) hicieron un llamado al diálogo efectivo y a la definición oportuna de los reglamentos que regularán el funcionamiento del nuevo organismo.
“Valoramos los esfuerzos del Estado por fortalecer la institucionalidad ambiental y proteger la biodiversidad. No obstante, la falta de comunicación fluida, la ausencia de participación territorial efectiva y la indefinición de los alcances normativos están generando incertidumbre en un sector clave para el desarrollo regional y la conservación misma del territorio”, señalaron los gremios turísticos.
Según las organizaciones, la falta de certezas en torno al sistema de concesiones, permisos y criterios de operación dentro de las áreas protegidas podría afectar directamente la planificación de inversiones, los proyectos en curso y la confianza necesaria para el desarrollo del turismo sustentable. Recordaron que en las cuatro provincias de la región la colaboración público-privada ha sido esencial para articular conservación y actividad económica.
Sara Adema, gerente de HYST, indicó que “la falta de información y claridad sobre los reglamentos del SBAP genera un clima de incertidumbre que puede frenar inversiones en infraestructura turística y servicios locales. Necesitamos reglas claras, plazos definidos y diálogo permanente con las comunidades que habitamos las áreas de conservación”.
Por su parte, Daniela Rodríguez, presidenta de AustroChile, destacó que “el turismo ha sido motor de desarrollo local y también un guardián de los ecosistemas. Necesitamos claridad normativa y diálogo temprano, porque las decisiones que se tomen hoy definirán el futuro del destino Magallanes”.
Desde CATUE, su presidenta Adriana Aguilar subrayó que “el turismo ha sido un aliado histórico en la promoción y resguardo del patrimonio natural de Magallanes. Queremos seguir cumpliendo ese rol, pero para eso necesitamos una institucionalidad ambiental que dialogue con el territorio y no sobre él”.
Los gremios coincidieron en que la implementación de la Ley SBAP no debe convertirse en una barrera, sino en una oportunidad para fortalecer la corresponsabilidad entre el Estado, las comunidades y el sector privado. “En Magallanes, la conservación y el turismo no son mundos opuestos, son partes de una misma historia que da trabajo, protege ecosistemas y construye identidad”, concluyeron.