La iniciativa, que cuenta con urgencia del Ejecutivo, fue despachada a la sala tras destrabarse aspectos clave del régimen sancionatorio. Legisladores advierten que el texto actual penaliza más a pequeños propietarios que a quienes provocan los siniestros.
Mientras el sur del país enfrenta una de las peores catástrofes forestales en años, con más de 760 viviendas destruidas, al menos 20 personas fallecidas y pérdidas económicas preliminares superiores a los US$400 millones, el Senado dio un paso clave en la tramitación del proyecto de Ley de Incendios, al ser aprobado por la Comisión de Hacienda.
El avance se produjo luego de una jornada de doble sesión, donde se destrabaron indicaciones fundamentales del Ejecutivo. La discusión estuvo marcada por críticas de parlamentarios que cuestionan el enfoque del proyecto, advirtiendo que impone sanciones elevadas a pequeños y medianos propietarios, sin reforzar suficientemente la persecución penal contra los responsables directos de los siniestros.
El texto reduce los topes máximos de las multas: de 2.000 a 1.000 UTM en el caso de infracciones graves, y de 5.000 a 3.000 UTM para infracciones gravísimas. No obstante, algunos senadores insistieron en que estas sanciones siguen siendo excesivas si no se complementan con apoyos económicos para cumplir las obligaciones preventivas y con mayores facultades para la Fiscalía.
Otro eje de la discusión fue el fortalecimiento del rol del Servicio Nacional Forestal, al que se le asigna el deber de monitorear el riesgo de incendios forestales y alertar a autoridades locales mediante herramientas como el “Botón Rojo”. Esta tecnología cruza información meteorológica y territorial para anticipar escenarios críticos y coordinar la respuesta en terreno.
Además, se estableció que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) deberá dictar resoluciones con análisis de riesgo y definir áreas de peligro alto o crítico de forma periódica. Estas medidas, que actualmente existen pero no son vinculantes, adquirirán rango legal con criterios técnicos claros y aplicabilidad focalizada.
La urgencia de la legislación se da en un contexto dramático. Solo en la Región del Biobío se reportan 608 viviendas destruidas, mientras que en Ñuble la cifra asciende a 153. Hay más de 6.700 personas damnificadas y 504 permanecen albergadas en centros habilitados. El Ministerio del Interior advirtió que el número de viviendas afectadas podría aumentar a medida que los equipos accedan a zonas de difícil acceso.
En paralelo, se ha desplegado un operativo de ayuda humanitaria que ya distribuye más de 130 toneladas de insumos en las zonas más afectadas. En el combate al fuego, las condiciones climáticas han sido favorables en sectores como Concepción, permitiendo avanzar en el control de los focos activos.
El impacto económico de esta emergencia es significativo. Consultoras especializadas estiman pérdidas superiores a los US$400 millones, considerando daños en activos agrícolas, forestales, vivienda e infraestructura clave para el sector turístico y productivo. Las empresas advierten que la recurrencia de estos eventos eleva costos operacionales, encarece los seguros y frena decisiones de inversión en zonas rurales.