Es una medida muy criticada por agentes y hoteleros que piden “profundas” reformas. Su aplicación fue postergada hasta el 2 de diciembre.
Originalmente anunciado para ser aplicado a partir del 1˚ de octubre, el Registro de Viajeros fue postergado hasta el 2 de diciembre y el Gobierno español avanza razones “técnicas”. Ese texto es muy resistido y criticado por el sector del turismo en España.
Impone a todas las empresas (agencias, hoteles, rentadoras) compilar y comunicar al Ministerio del Interior datos sensibles que van más allá de lo que aparece en un pasaporte o un DNI. La nueva normativa impone almacenar y transmitir a los servicios gubernamentales nada menos que 18 datos, incluyendo información sensible como método de pago, domicilio actualizado, número de celular y/o correo electrónico. También se tiene que informar sobre fechas de reserva y estadía, y cantidad de viajeros.
Este registro está respaldado por el Real Decreto 933/2021 que quiere “facilitar la interconexión y la transmisión de los datos” de los pasajeros, en un país que cuenta con una administración muy fragmentada entre las comunidades autónomas y sus distintos cuerpos de policía.
Los profesionales españoles del turismo advierten que el registro es contrario a las reglamentaciones de la Unión Europea. También subrayan que genera “inseguridad jurídica e imposibilidad de cumplimiento, desventaja competitiva en el mercado nacional y europeo, falta de adecuación tecnológica y carga administrativa desproporcionada para las empresas, ya que el 95% del núcleo del sector son pymes”.
La medida ya encendió luces de alerta en varios mercados emisores de turismo hacia España, como Bélgica y Países Bajos, donde se critica la falta de garantías relativas a la protección de los datos de los turistas. Al mismo tiempo, varias agrupaciones profesionales en diversos países del continente firmaron una carta que fue enviada al Gobierno de Pedro Sánchez para expresar “oposición, alarma y desconcierto”.